¿El fin del ‘True Crime’ en España? Lo que dice la nueva ley sobre los documentales de crímenes reales
Si eres fan de las docuseries de investigación y crímenes reales, el panorama legal en España acaba de dar un giro inesperado este 13 de enero de 2026. Según informa el diario Expansión, el nuevo marco normativo que acompaña al Proyecto de Ley del Cine incluye medidas que podrían restringir, e incluso prohibir, la difusión de ciertos contenidos de True Crime.
En derechorapido.com te explicamos de forma sencilla qué está pasando y cómo afecta esto a lo que puedes ver en tus plataformas digitales.
El conflicto: Protección de las víctimas vs. Libertad de información
El núcleo de la polémica se encuentra en un anteproyecto de ley relacionado con la violencia vicaria. El objetivo del legislador es evitar que el dolor de las víctimas sea utilizado como espectáculo comercial. Los puntos clave que se debaten son:
- Limitación del lucro: Restricciones a la monetización de contenidos que utilicen detalles escabrosos de crímenes recientes.
- Derecho al olvido: Mayor poder para los familiares de las víctimas para impedir la producción de documentales sin su consentimiento expreso.
- Protección de menores: Prohibición total de difundir imágenes o recreaciones de crímenes que involucren a menores como víctimas.
¿Qué documentales están en riesgo?
Aunque la ley no será retroactiva (lo que ya está publicado difícilmente se retirará), las nuevas producciones que se centren en casos judiciales abiertos o en crímenes donde las víctimas aleguen «revictimización» podrían ser bloqueadas por los tribunales de forma mucho más rápida que antes.
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Consecuencias para las plataformas de streaming
Plataformas como Netflix, Movistar+ o HBO deberán ajustar sus catálogos en España a las nuevas cuotas de pantalla y, sobre todo, a los protocolos de ética informativa que impone la nueva ley. Esto podría suponer un descenso en el número de producciones locales sobre casos mediáticos españoles.
Opinión de experto: «Estamos ante un choque de derechos fundamentales. La rapidez con la que se quiere aplicar esta ley podría generar inseguridad jurídica para los creadores de contenido audiovisual», comentan fuentes jurídicas consultadas por Expansión.
Este artículo es una guía informativa basada en los borradores legislativos publicados en enero de 2026. La normativa final podría sufrir variaciones durante su tramitación parlamentaria.