El ámbito subjetivo de la ejecución se refiere a las personas o entidades que están obligadas a cumplir una sentencia o resolución judicial. En el caso de la vía ejecutiva, se trata de una forma rápida y efectiva de hacer valer los derechos reconocidos en una resolución, ya que permite exigir su cumplimiento forzoso.
¿Qué es el ámbito subjetivo?
El ámbito subjetivo se refiere a las personas o entidades que están obligadas a cumplir una sentencia o resolución judicial. Es decir, aquellos sujetos que tienen una relación directa con el objeto de la sentencia o resolución y que, por tanto, están obligados a cumplirla.
En el ámbito subjetivo de la ejecución, se distinguen dos tipos de obligados: el obligado principal y el obligado subsidiario. El obligado principal es aquel que tiene una relación directa con el objeto de la sentencia o resolución, mientras que el obligado subsidiario es aquel que, sin tener dicha relación, tiene una responsabilidad solidaria o subsidiaria en el cumplimiento de la obligación.
¿Qué es el ámbito objetivo y subjetivo de una Ley?
El ámbito objetivo de una ley se refiere a la materia regulada por dicha ley, es decir, a los hechos, situaciones, relaciones jurídicas o materias que se encuentran reguladas por la misma. Por otro lado, el ámbito subjetivo se refiere a las personas o entidades que están sujetas a la ley, es decir, a aquellos sujetos que están obligados a cumplir las normas contenidas en la misma.
En el caso de una ley de carácter general, el ámbito subjetivo suele ser amplio, ya que se aplica a todos los sujetos que se encuentren en la situación regulada por la ley. Sin embargo, en algunas ocasiones, la ley puede establecer excepciones o limitaciones en el ámbito subjetivo, como por ejemplo, en el caso de las leyes que regulan ciertas actividades profesionales.
¿Qué pasa si un concurso público queda desierto?
En el caso de que un concurso público quede desierto, la Administración Pública puede tomar diferentes medidas en función de las circunstancias del caso. Una de las medidas que puede adoptar es la de declarar desierto el concurso y convocar uno nuevo, en el que se modifiquen los requisitos o condiciones para hacerlo más atractivo para los posibles licitadores.
Otra medida que puede adoptar la Administración es la de adjudicar directamente el contrato a un único licitador, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos legales. En todo caso, la Administración deberá justificar debidamente la medida adoptada, y asegurarse de que se han respetado los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia.
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