En un anuncio que ha generado debate en el ámbito educativo y laboral, se informa que a partir del 1 de enero de 2024, todos los estudiantes que realicen prácticas académicas externas en España deberán estar incluidos en el sistema de Seguridad Social. Esta decisión se basa en la Disposición Adicional Quincuagésima Segunda del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Esta nueva regulación establece una serie de normas y responsabilidades para las prácticas formativas remuneradas y no remuneradas. Aquà están los detalles clave:
Prácticas formativas remuneradas: En el caso de las prácticas que impliquen una compensación económica para los estudiantes, la entidad u organismo que financie el programa de formación asumirá la condición de empresario y será responsable del cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social.
Prácticas formativas no remuneradas: Para las prácticas que no sean remuneradas, la empresa, institución o entidad donde se desarrollen será la responsable de cumplir con las obligaciones de Seguridad Social. Sin embargo, existe la posibilidad de que en el convenio o acuerdo de cooperación que se suscriba para la realización de las prácticas, se determine que estas obligaciones recaerán en el centro de formación responsable de la oferta formativa.
Es importante destacar que, tanto en las prácticas formativas remuneradas como en las no remuneradas, se aplicará una reducción del 95 por ciento en las cuotas por contingencias comunes de la Seguridad Social. Esto significa que los estudiantes no estarán sujetos a otros beneficios en la cotización, aparte de esta reducción.
La introducción de esta nueva regulación busca garantizar la protección social de los estudiantes que participan en prácticas académicas externas, independientemente de si estas son remuneradas o no. Se argumenta que esta medida es necesaria para brindar seguridad y estabilidad a los jóvenes que adquieren experiencia laboral mientras completan sus estudios.
Sin embargo, algunas voces crÃticas argumentan que esta decisión podrÃa tener un impacto negativo en las empresas y organizaciones que acogen a estudiantes en prácticas no remuneradas, ya que podrÃan enfrentar un aumento en los costos asociados a la Seguridad Social. También se señala que esta medida podrÃa disuadir a algunas empresas de ofrecer oportunidades de formación a estudiantes.
En conclusión, la inclusión de los estudiantes en el sistema de Seguridad Social durante sus prácticas académicas externas es un cambio importante que entrará en vigor a partir del próximo año en España. Si bien busca proteger los derechos de los estudiantes, también plantea desafÃos para las empresas y organizaciones que participan en la formación de futuros profesionales. El debate sobre los posibles efectos de esta medida continuará en los próximos meses.
