⚖️ Tramitación de sanciones administrativas

La contratación pública

El derecho administrativo sancionador es una rama del derecho público que regula la imposición de sanciones por parte de la Administración pública ante el incumplimiento de obligaciones o prohibiciones establecidas en la normativa aplicable. La tramitación de sanciones administrativas es competencia de personal funcionario debidamente habilitado para ello, siguiendo un procedimiento establecido y respetando los derechos del presunto infractor.

¿Qué es una sanción administrativa?

Una sanción administrativa es una medida coercitiva que la Administración pública impone a un particular o empresa por el incumplimiento de obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Su finalidad es la de hacer cumplir la ley y preservar el interés general.

¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo sancionador?

Las fuentes del derecho administrativo sancionador son la Constitución, las leyes, los reglamentos y las resoluciones de la Administración. En todo caso, la actuación de la Administración pública deberá respetar los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, audiencia y defensa.

¿Quién tiene competencia para imponer sanciones administrativas?

La competencia para imponer sanciones administrativas corresponde a la Administración pública, a través de personal funcionario debidamente habilitado para ello. El personal funcionario debe actuar con objetividad e imparcialidad, garantizando el respeto a los derechos y garantías del presunto infractor.

¿Cuál es el procedimiento que se sigue para tramitación de sanciones administrativas?

El procedimiento para imponer una sanción administrativa consta de varias fases: iniciación, instrucción, propuesta de resolución, audiencia al interesado y resolución. Durante estas fases, el presunto infractor tendrá derecho a ser informado de los hechos que se le imputan, aportar pruebas, formular alegaciones y conocer el contenido de la propuesta de resolución.

¿Cuáles son los derechos del presunto infractor durante el procedimiento sancionador?

El presunto infractor tiene derecho a ser informado de los hechos que se le imputan, aportar pruebas, formular alegaciones y conocer el contenido de la propuesta de resolución. También tiene derecho a acceder al expediente administrativo, a ser asistido por un abogado y a solicitar la práctica de pruebas.

¿Qué recursos puede interponer el presunto infractor frente a una sanción administrativa?

El presunto infractor puede interponer un recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes desde la notificación de la sanción. También puede interponer recurso contencioso-administrativo ante los tribunales en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución.

¿Qué sucede si se recurre una sanción administrativa?

Si se recurre una sanción administrativa, se suspende su ejecución hasta que se resuelva el recurso. Esto quiere decir que el presunto infractor no tendrá que cumplir con la sanción mientras se resuelve el recurso, salvo que se trate de una medida cautelar que haya sido acordada por la Administración.

¿Qué plazo tiene la Administración para resolver un procedimiento sancionador?

El plazo que tiene la Administración para resolver un procedimiento sancionador dependerá de la normativa aplicable en cada caso concreto. En general, el plazo máximo para resolver un procedimiento sancionador es de seis meses, aunque este plazo puede variar en función de la complejidad del procedimiento y del tipo de infracción que se esté investigando.

¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con una sanción administrativa?

Si una persona no cumple con una sanción administrativa, se le podrán aplicar distintas medidas coercitivas. Por ejemplo, se le puede embargar la cuenta corriente o los bienes que tenga a su nombre, o se le puede imponer una multa coercitiva por cada día de retraso en el cumplimiento de la sanción. Además, el incumplimiento de una sanción administrativa puede tener otras consecuencias, como la inclusión en un registro de morosos o la inhabilitación para contratar con la Administración.

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